DEMANDA DE AMPARO POR NEGATIVA AL ACCESO A REGISTROS DE CARPETA DE INVESTIGACION

 

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CIUDADANO JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO PENAL EN EL ESTADO DE PUEBLA EN TURNO.

 

 

HUGO VVVV MMMM, promoviendo por mi propio derecho con el carácter de presunto heredero a bienes de mis padres dentro de dos juicios sucesorios intestamentarios correspondientes, y dentro de los cuales soy Albacea Provisional, tal y como lo justifico con los nombramientos correspondientes; señalando como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones que por ley me correspondan, la casa ubicada EN BOULEVARD CIRCUNVALACIÓN NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS XXXX Y YYYY, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN MANUEL DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA,  autorizando al licenciado VÍCTOR HUGO MÍAZ SERRANO, en términos amplios quien cuenta con Registro Único ante los Tribunales de Circuito y de Distrito número 96068, y a FRANCISCO JAVIER SOTO MÉNDEZ, para recibir todo tipo de notificaciones y para imponerse de los autos, ante Usted con el debido respeto comparezco y expongo:

 

Que, por medio del presente ocurso, vengo a solicitar el AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, en contra de la autoridad que más adelante precisare por violar mis derechos humanos contenidos en la Carta Magna, al tenor de los siguientes puntos de hechos y consideraciones de orden legal:

 

En consecuencia, me sujeto a lo estipulado en el artículo 108 de la Ley de Amparo vigente.

 

I.- NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO. – Ya han quedado precisados en el proemio del presente escrito.

 

II. – EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO. – En el caso presente lo es el señor RAÚL VVVV MMMM con domicilio EN BOULEVARD CIRCUNVALACIÓN NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS XXXX Y YYYY, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN MANUEL DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA.

 

III.- LA AUTORIDAD RESPONSABLE. – En este caso lo es la Ministerio Público Adscrita a la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE PUEBLA, UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ABUSO DE CONFIANZA, FRAUDE, DESPOJO, DAÑO EN PROPIEDAD AJENA Y ROBO DE GANADO, Licenciada PAULINA JIMAREZ ROMÁN, como autoridad ordenadora, con domicilio sito en BOULEVARD CINCO DE MAYO Y AVENIDA TREINTA Y UNO ORIENTE, COLONIA LADRILLERA DE BENÍTEZ, DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA.

 

IV. – A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. – Le reclamo el no darme acceso a los registros, previa lectura de los cargos y nombramiento de Abogado Defensor, dentro de la Carpeta de Investigación FGEP/CDI/FIR-II/000000/2025, para tener una adecuada defensa del o los ilícitos que se me imputan, por no tener estos fundamento real ni jurídico.

 

V. – PRECEPTOS CONSTITUCIONALES VIOLADOS. – Lo son en este caso los artículos 1, 17 y 20 Apartado B fracción VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

VI. – BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTO QUE LOS ANTECEDENTES HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O QUE SIRVAN DE FUNDAMENTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SON CIERTOS.

 

H E C H O S:

 

1.   En el año dos mil veinticuatro inicié el juicio intestamentario a bienes de mi señor padre GERARDO VVVV CCCC bajo el número 0000/2024, ante el Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, nombrándome Albacea Provisional, señalando como presunto heredero a mi hermano RAÚL VVVV MMMM, entre otros.

 

2.   En el año dos mil veinticinco inicié el juicio intestamentario a bienes de mi señora madre GEORGINA MMMM PPPP bajo el número 279/2025 ante el Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, nombrándome Albacea Provisional, señalando como presunto heredero a mi hermano RAÚL VVVV MMMM, entre otros, sin que se declarara la acumulación de ambos juicios.

 

3.   Con fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinticinco, se me notificó por parte del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, que, la Agente del Ministerio Público adscrita a la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE PUEBLA, UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ABUSO DE CONFIANZA, FRAUDE, DESPOJO, DAÑO EN PROPIEDAD AJENA Y ROBO DE GANADO, había solicitado copias certificadas de todo lo actuado en el juicio 279/2025 por existir un delito o delitos cometidos por el suscrito. Denuncia presentada por mi hermano RAÚL VVVV MMMM con base en los juicios sucesorio intestamentario ya mencionados con la negativa para acordar favorable su petición.

 

4.   Con fecha veintiséis de septiembre de dos mil veinticinco, se me notificó por parte del Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, que, la Agente del Ministerio Público adscrita a la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE PUEBLA, UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ABUSO DE CONFIANZA, FRAUDE, DESPOJO, DAÑO EN PROPIEDAD AJENA Y ROBO DE GANADO, había solicitado copias certificadas de todo lo actuado en el juicio 0000/2024 por existir un delito o delitos cometidos por el suscrito. Denuncia presentada por mi hermano RAÚL VVVV MMMM con base en los juicios sucesorio intestamentario ya mencionados con la negativa para acordar favorable su petición.

 

5. Con fecha treinta de septiembre de dos mil veinticinco, llegaron a mi domicilio sito en BOULEVARD CIRCUNVALACIÓN NÚMERO DOS MIL CUATROCIENTOS XXXX Y YYYY, FRACCIONAMIENTO JARDINES DE SAN MANUEL DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, como a las diez treinta horas, policías de investigación adscritos a la Fiscalía General en el Estado, mismos que llegaron en un vehículo oficial de la Fiscalía General del Estado de Puebla con placas TNS-876-B del Estado de Puebla, preguntando por el suscrito ante quienes me presente e identifique, quienes me dijeron que, estaban haciendo investigaciones respecto a la Carpeta de Investigación FGEP/CDI/FIR-II/000000/2025, por lo cual iban a ingresar a mi domicilio, a lo cual les indique que había dos juicios y que, el suscrito era el Albacea Provisional en ambos juicios y requerían mi consentimiento para ingresar, pero no les importó, a pesar de haber ido por dichos nombramientos y fue mi hermano RAÚL VVVV MMMM quien les permitió el acceso por la parte sur  (BOULEVARD CIRCUNVALACIÓN) hicieron lo que les habían ordenado sin oponerme. De lo cual tengo testigos, imágenes y video.

 

5.   Con fecha dos de octubre de dos mil veinticinco como a las nueve treinta horas ocurrí ante la recepcionista del ala sur de la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE PUEBLA para solicitar cita con la Ministerio Público Adscrita a UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ABUSO DE CONFIANZA, FRAUDE, DESPOJO, DAÑO EN PROPIEDAD AJENA Y ROBO DE GANADO respecto a la Carpeta de Investigación FGEP/CDI/FIR-II/000000/2025, registrándome junto con el Licenciado VÍCTOR HUGO MIAZ SERRANO, en la recepción la llamaron y la recepcionista me comunicó que, tenía instrucciones de dicha titular de darnos cita para el día veintiuno de octubre de dos mil veinticinco de dos mil veinticinco a las once del día.  

 

6.   Con fecha veintiuno de octubre de dos mil veinticinco, antes de las once horas me apersoné en la recepción de la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE PUEBLA, UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ABUSO DE CONFIANZA, FRAUDE, DESPOJO, DAÑO EN PROPIEDAD AJENA Y ROBO DE GANADO y solicité se me anunciara ante la titular adscrita a dicha dependencia y quien está a cargo de la Carpeta de Investigación FGEP/CDI/FIR-II/000000/2025 para llevar a cabo la entrevista y en su caso declaración ante la misma. Momentos después se presentó la Licenciada PAULINA JIMAREZ ROMÁN, quien nos dijo que, no podía atendernos, a pesar de haber dado la cita y haber hecho ya actos de molestia con base en las solicitudes de copias certificadas de todo lo actuado en los juicios 0000/2024 y 0000/2025 que se tramitan ante el Juzgado Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, Puebla, con las investigaciones ordenadas y, realizadas al suscrito en mi domicilio ya señalado y de haberme dado la cita ya manifestada con respecto a la Carpeta de Investigación, alegando no existir ningún motivo legal para dar acceso a los registros que obran en la FGEP/CDI/FIR-II/000000/2025. Lo que es falso, dado a que, el suscrito no ha cometido delito alguno y sus actuaciones me causan molestia dentro de los juicios ya señalados pues los cursos de los mismos se ha pausado y la integración de la Carpeta de Investigación en cita pues puede traerme privación de mis derechos humanos de manera arbitraria e ilegal.

 

VII.                    CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. – Los hago consistir en los siguientes:

 

PRIMER CONCEPTO DE VIOLACIÓN. – Lo hago consistir en la violación a mis derechos humanos contenido en el artículo primero constitucional:

 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

 

Es evidente de la lectura e interpretación del artículo en cita que, la autoridad responsable no se apega a lo ordenado en el artículo 1 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues no respeta, protege ni garantiza mis derechos humanos contenidos en la Constitución General de la República con base en los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y siempre con la protección mas amplia hacia el suscrito. En consecuencia,  se me debe otorgar la protección y amparo de la justicia federal por las violaciones a mis derechos humanos lo que se desprende de mis hechos narrados.

 

SEGUNDO CONCEPTO DE VIOLACIÓN. – Lo hago consistir en lo preceptuado en lo preceptuado en el artículo 113  del Código Nacional de Procedimientos Penales:

 

Artículo 113. Derechos del Imputado El imputado tendrá los siguientes derechos:

 

I. A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad;

 

VIII.                 A tener acceso él y su defensa, salvo las excepciones previstas en la ley, a los registros de la investigación, así como a obtener copia gratuita, registro fotográfico o electrónico de los mismos, en términos de los artículos 218 y 219 de este Código.

 

La violación a mis derechos humanos de saber que, delito o delitos se me imputa para tener una defensa adecuada se actualiza al no considerarme inocente y como persona imputada y negárseme el acceso a los registros contenidos en la Carpeta de Investigación FGEP/CDI/FIR-II/000000/2025 de la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE PUEBLA, UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ABUSO DE CONFIANZA, FRAUDE, DESPOJO, DAÑO EN PROPIEDAD AJENA Y ROBO DE GANADO, toda vez que la Ministerio Público encargada de su integración me ha causado molestias al solicitar copias certificadas de todo lo actuado de los juicios intestamentarios de mis padres con número 0000/2024 y 0000/2025, mismos que se tramitan en el Juzgado Primero de lo Familiar del distrito Judicial de Puebla, Puebla, pues dichos juicios han tenido retrasos por sus ilegales actos al no ser parte ni justificar su petición legalmente.

 

De la misma manera, los actos de investigación que ha ordenado y que se han llevado a cabo por dos policías de investigación a su cargo y dependientes de la Fiscalía General del Estado en mi domicilio con fecha treinta de septiembre de dos mil veinticinco como a las diez treinta horas, ubicado en Boulevard circunvalación numero dos mil cuatrocientos xxxx y yyyy, fraccionamiento jardines de San Manuel de la ciudad de Puebla, Puebla, esto a pesar de haberles comunicado que, el suscrito era el albacea Provisional de los juicios ya referidos. Por lo que, al faltar mi consentimiento para ingresar a mi domicilio en calidad de presunto heredero y Albacea Provisional y mostrarles dichos nombramientos.

 

Viola mis derechos humanos de presunción de inocencia y reconocimiento de imputado la autoridad ordenadora al darme cita con fecha do de octubre para el día veintiuno de octubre, ambas fechas del dos mil veinticinco, a las once horas para la entrevista solicitada y en su caso mi declaración y al ocurrir a la hora señalada por ella misma finalmente me negó mi derecho como imputado a saber que, delito o delitos se me reprocha. Por lo que, me deja en estado de indefensión lo cual está prohibido en el presente caso.

 

TERCER CONCEPTO DE VIOLACIÓN. – Lo hago consistir en no observar lo preceptuado en el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

 

Artículo 218. Reserva de los actos de investigación.

 

(…)

 

El imputado y su defensor podrán tener acceso a ellos cuando se encuentre detenido, sea citado para comparecer como imputado o sea sujeto de un acto de molestia y se pretenda recibir su entrevista, a partir de este momento ya no podrán mantenerse en reserva los registros para el imputado o su Defensor a fin de no afectar su derecho de defensa. Para los efectos de este párrafo, se entenderá como acto de molestia lo dispuesto en el artículo 266 de este Código.

 

De la lectura y comprensión del párrafo del artículo en comento, se sigue que, al haber recibido actos de molestia por parte de la autoridad ordenado al solicitar copias certificadas en los juicios intestamentarios ya citados, al haber ordenado los actos de investigación en mi domicilio siendo Albacea Provisional, y no haber obtenido mi consentimiento han violado mis derechos y facultades en dicho cargo, al haberme dado cita para el día veintiuno de octubre de dos mil veinticinco y habérseme negado el acceso junto con mi abogado, a los registros contenidos en la Carpeta de Investigación ya señalada, la autoridad viola mi derecho a una adecuada defensa.

 

CUARTO CONCEPTO DE VIOLACIÓN. – Lo hago consistir en lo preceptuado en lo ordenado en el artículo 20 apartado B, fracción Vi de nuestra Carta Magna.

 

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

 

B. De los derechos de toda persona imputada:

 

VI. Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso.

 

El imputado y su defensor tendrán acceso a los registros de la investigación cuando el primero se encuentre detenido y cuando pretenda recibírsele declaración o entrevistarlo. Asimismo, antes de su primera comparecencia ante juez podrán consultar dichos registros, con la oportunidad debida para preparar la defensa. A partir de este momento no podrán mantenerse en reserva las actuaciones de la investigación, salvo los casos excepcionales expresamente señalados en la ley cuando ello sea imprescindible para salvaguardar el éxito de la investigación y siempre que sean oportunamente revelados para no afectar el derecho de defensa;

 

En el caso presente, el suscrito quejoso solicitó y obtuvo cita para el día veintiuno de octubre de dos mil veinticinco, en las instalaciones de la FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE PUEBLA, UNIDAD ESPECIALIZADA DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE ABUSO DE CONFIANZA, FRAUDE, DESPOJO, DAÑO EN PROPIEDAD AJENA Y ROBO DE GANADO, pero la titular del Ministerio Público encargada de la FGEP/CDI/FIR-II/000000/2025, para conocer de los delitos que se me imputan y para tener acceso a los registros contenidos en la misma para una adecuada defensa sin que, esto fuera posible dado a la ilegal negativa de la autoridad ordenadora. Por lo que considero que no se me tiene como inocente ni como imputado a pesar de los actos de molestia que, ha realizado la ordenadora de manera evidente y sistemática. Con lo cual viola mis derechos humanos de presunción de inocencia, de ser considerado imputado y a una adecuada defensa. Por lo cual solicito el amparo y protección de la justicia federal. 

 

D E R E C H O:

 

1.-PERSONALIDAD. - Tengo personalidad según lo establecen los artículos 5 fracción I de la Ley de Amparo.

 

2.-OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA. - Es oportuna la demanda con base a lo preceptuado por el artículo 22 de la Ley de Amparo.

 

3.- COMPETENCIA. - De acuerdo con lo dispuesto por la fracción VII, del artículo 107 de la Constitución General de la República, 33 fracción IV y demás relativos aplicables de la Ley de Amparo, es Usted competente para conocer del presente juicio.

 

4.- PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN. - La suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados, son procedentes conforme a lo dispuesto por los artículos 125, 127, 128, 130 y 136 de la Ley de Amparo, por cuanto que, con la suspensión no se siguen perjuicios al interés general ni se contravienen disposiciones de orden público.

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, a Usted, Ciudadano Juez de Distrito, atentamente solicito:

 

 

PRIMERO. - Tenerme por presentado en tiempo y forma, legales, el presente ocurso, solicitando AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA JUSTICIA FEDERAL, a mi favor, en contra de las autoridades que he dejado señaladas.

 

SEGUNDO. - Concederme la suspensión provisional, solicitando informes previos a las responsables, señalando fecha para la audiencia incidental y en su oportunidad concederme la suspensión definitiva

 

TERCERO. -. Tener por autorizados para oír y recibir notificaciones, en los términos del artículo 28 de la Ley de Amparo, a los profesionistas nombrados en el proemio de este ocurso, así como tenerme por señalado domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones.

 

CUARTO. - Solicitar el informe justificado a las Autoridades Responsables señalando día y hora para le celebración de la Audiencia Constitucional correspondiente y en su oportunidad, dictar sentencia definitiva, concediéndome el Amparo y Protección de la Justicia Federal.

 

PROTESTO A USTED, MIS RESPETOS

 

HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTICINCO

 

 

 

 

 HUGO VVVV MMMM

AMPARO INDIRECTO POR FALTA DE OTORGAR DATOS POR PARTE DE LA FISCALIA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE PUEBLA

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JUICIO DE AMPARO 0000/2025-VIII

 

En catorce de octubre de dos mil veinticinco, el Secretario certifica:

 

Que, con la demanda de amparo, la parte quejosa exhibió el documento siguiente:

 

Copia certificada del instrumento notarial veintinueve mil doscientos cuarenta y seis de fecha catorce de marzo de dos mil veinticinco de la notaría publica número uno del Distrito Judicial de Tétela de Ocampo, Puebla.

 

Que, en la pagina de internet del Registro de Profesionistas de la Secretaria de Educación Pública del gobierno de la República, se encontró registro de la cédula profesional de VÍCTOR HUGO MIAZ SERRANO.

 

Lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe.

 

JESÚS GEOVANNI ROJAS GARCÍA

 

SECRETARIO DEL JUZGADO

 

En la misma fecha, el Secretario da cuenta al Juez de distrito con la certificación que antecede, con el escrito de la demanda con anexo registrada con el número de control 0000. Conste.

 

San Andrés Cholula, Puebla, catorce de octubre de dos mil veinticinco.

 

INCOMPETENCIA.

 

Vista la demanda de amparo que promueve ROSARIO SSSS MMMM, ostentándose como albacea definitiva de la sucesión de EDGARDO GGGG GGGG, fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese con el numero de juicio de amparo 0000/2025-VIII.

 

Con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos:

 

QUEJOSA: ROSARIO SSSS MMMM, ostentándose como albacea definitiva a bienes de la sucesión de EDGARDO GGGG GGGG.

 

TERCERO INTERESADO: No señala que no existe.

 

AUTORIDADES RESPONSABLES:

 

1. – La Fiscalía General de Justicia en el Estado de Puebla.

 

2. – La Visitaduría General, Órgano Interno de Control, Especializado en Asuntos Internos en el Estado de Puebla.

 

ACTOS RECLAMADOS: La omisión de informar el número de Carpeta de Investigación y la Fiscalía que la tiene, mediante la cual aseguró el inmueble de la sucesión intestamentaria de la cual es albacea definitiva de EDGARDO GGGG GGGG, para que comparezca acreditar la propiedad y se retiren los sellos de aseguramiento.

 

PRESUPUESTO PROCESAL DE COMPETENCIA: La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de distrito previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento.

 

La regla de competencia de los Jueces de Distrito se encuentra en el articulo 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la federación.

 

Por lo tanto, con fundamento en los artículos 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman el juicio de amparo.

 

En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que a efecto emita puede afectar a las partes, ya que no solamente es declarativa sino constitutiva, debido q que define, a parte de que el juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, ya que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación implicaría reposición del procedimiento, conforme al artículo 93 fracción IV de la Ley de la Materia.     

 

Ahora, para que, el juez tenga competencia respecto del asunto, se precisa que, hallándose este dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado.

 

Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla competencia por razón de materia, la cuantía, la vía y el territorio. 

 

LA LEY DE AMPARO PREVÉ DIVERSOS TIPOS DE COMPETENCIA:

 

A. Competencia por territorio;

 

B. Competencia por materia;

 

C. Competencia por razón de la vía; y

 

D. Competencia auxiliar.

 

Con relación al criterio de la materia se hace referencia a los asuntos según cada especialización, y así se indican los concernientes a los juzgados federales penales (Artículos del 51 al 53); juzgados de distrito especializados para adolescentes (Artículos 54 t 55); juzgados de Distrito de amparo en materia penal (Articulo 56); juzgados de Distrito en materia administrativa (Articulo 57); juzgados de Distrito civiles federales (Articulo 58); juzgados de distrito mercantiles federales (Articulo 59); juzgados de Distrito de amparo en materia civil (Articulo 60) y juzgados de Distrito en materia de trabajo (Articulo 61).

 

Asimismo, se establece que las personas juzgadoras sin jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos de ese capitulo sobre las atribuciones de los jueces de Distrito (Articulo 49), supuesto en el cual quedan comprendidos las y los jueces de Distrito de jurisdicción mixta o sin especialización; quienes, por tanto, tienen competencia para conocer de los asuntos, con independencia de la materia a la cual refieran.

 

Por su parte, la entonces la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación[1] estableció que para delimitar la competencia por materia de los órganos jurisdiccionales especializados debe valorarse la naturaleza de los actos reclamados y, en su caso, de la autoridad responsable, pero no atender concretamente a los conceptos de violación.  

 

Lo anterior se sustentó en la ejecutoria emitida en el conflicto competencial 3/2007, que en la parte que interesa es del tenor siguiente:

 

“(…) CUARTO. Esta segunda Sala considera que el órgano competente para conocer del recurso de queja aludido, ES EL Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Quinto Circuito.

 

En primer lugar, el punto jurídico controvertido materia del presente conflicto competencial, versa sobre la competencia por razón de materia, por lo tanto, se procederá a estudiar sus aspectos generales.

 

En este sentido, debe decirse que para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose este dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de materia, la cuantía, el grado y el territorio.

 

Ahora bien, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia:

 

A. Competencia por territorio;

 

B. Competencia por materia;

 

C. Competencia por grado; y

 

D. Competencia concurrente.

 

De esos factores que delimitan la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar al referente a la competencia por materia.

 

La competencia por materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. Tiene la ventaja de que los magistrados adscritos a un tribunal especializado en cierta rama del derecho únicamente conocen amparos de esa materia, lo que permite enfocar su atención a una sola rama del derecho y, además repercute, en la formación de su especialidad y lo encausa hacia una mayor profundización de conocimiento del amparo de la materia de que se trate.

 

Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo entre otros, y que, a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo.

 

Ahora bien, el ordenamiento que fija la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose del recurso de queja en un juicio de amparo, son los artículos 37 fracción III y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que estatuyen:

 

(…)

 

De los anteriores artículos se advierte que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del recurso de queja previsto en las fracciones V a XI del articulo 95 de la Ley de Amparo, además, en caso de que en un circuito tales órganos jurisdiccionales estén especializados por materia, serán competentes, para conocer en los mismos supuestos, únicamente en la materia de su especialidad.

 

Si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación no establece la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito, sin embargo, de los artículos 51, 52, 54 y 55 de este ordenamiento que, establecen la competencia por materia de los Juzgados de Distrito, se advierten los lineamientos que el legislador tomó en cuenta para determinar la competencia por materia, tales normativos son del tenor siguiente:

 

(…)

 

De la interpretación de los citados artículos se advierte que, para fijar la competencia por materia, el legislador tomó como base los siguientes criterios:

 

A. La naturaleza del acto reclamado (Artículos 51, 52 fracciones I, II y III, 54 y 55 fracciones I, II y III).

 

B. La naturaleza de la autoridad responsable (Artículos 52 fracciones IV y V y 55 fracción IV).

 

Los criterios antes señalados justifican la especialidad por materia pues, como se dijo con anterioridad, las determinaciones que se dicten en los juicios de amparo, en otros requieren del conocimiento y de la experiencia de quienes se dedican, en forma preferente, a las diversas ramas del derecho y, por este motivo, pueden ponderar en forma expedita y mas autorizada las distintas soluciones en los casos concretos, buscando con ello dar cumplimiento al articulo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que se garantiza la prontitud y expeditez en la tramitación y fallo de los juicios.

 

Por lo tanto, para los efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados especializados, tratándose de los recursos interpuestos contra resoluciones dictadas en un juicio de amparo indirecto, por analogía deben tomarse en cuenta tales criterios, pues donde existe la misma razón debe de existir la misma disposición; sin que, para fijarla se tengan que atender los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues estos no son un criterio que determine a quien compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencia cuestiones subjetivas apreciadas por quien las realiza.

 

Lo anterior es así, pues el hecho de que se aleguen violaciones a diversas materias con relación a los artículos constitucionales, no significa que el juicio de amparo sea de esa naturaleza, ya que la inconstitucionalidad del acto reclamado se analiza con relación a las disposiciones que lo rigen, las que determinan por consecuencia la materia. Sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que alegue el quejoso o recurrente, es decir, que sean estos quienes la determinen, de acuerdo con lo que manifiesten, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado (…)”.

 

Derivado de estas consideraciones se emitió la jurisprudencia 2ª./J.24/2009 de la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente:

 

“COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado.”[2]

 

De esta manera, se advierte que para delimitar la competencia por razón de materia es necesario atender A: (I): La naturaleza del acto reclamado o (II) a la naturaleza de la autoridad responsable y no a los conceptos de violación.

 

Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto de competencia 185/2017, consideró que, en esencia, el criterio rector para asignar el conocimiento de un asunto por cuestión de materia, radica en la naturaleza del litigio que da origen al proceso.

 

(…)

 

TERCERO. Decisión. A juicio de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y civil del vigésimo circuito a quien, por razón de la materia, le corresponde conocer y resolver el asunto.

 

Es así porque, cuando los actos reclamados en un juicio de amparo están relacionados con la tramitación de un mecanismo alternativo de solución de controversias, que tiene como presupuesto la comisión de un hecho considerado como delito, la competencia para conocer del asunto -vía recurso de revisión- se surte a favor de un Tribunal Colegiado de Circuito con competencia en materia penal.  

 

Se explica. En principio, debe precisarse que debe entenderse por “competencia” y por “materia”.

 

La “competencia”, es la facultad que tiene un órgano jurisdiccional para ejercer su jurisdicción en determinados asuntos y dentro de cierto territorio. Un tribunal es competente para conocer del asunto cuando hallándose este dentro de la orbita de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento con preferencia a los demás órganos.

 

Respecto al tema relativo a la “materia", El Tribunal Pleno de esta Suprema corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 58/2009, definió que es el criterio que se instaura en virtud de la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio o por razón de la naturaleza jurídica  de la causa, es decir, de las cuestiones jurídicas que constituyen la materia litigiosa del proceso, de modo que pueden definirse como aquella que se atribuye de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo, pues debido al creciente estado de necesidad de especialización por parte del juzgador, la tarea judicial se reparte con base en ese criterio, por lo que establecen órganos jurisdiccionales para conocer asuntos en materia civil, familiar, laboral, penal agraria, fiscal, constitucional, entre otras.

 

Así, la especialidad por materia permite aprovechar el conocimiento y la experiencia de quienes se dedican en forma preferente y permanente a una determinada rama del derecho, a efecto de cumplir con la garantía de justicia pronta, completa e imparcial establecida en el articulo 17 de la Constitución Federal, así como los numerales 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos _Humanos.

 

De ahí que el criterio rector para asignar el conocimiento de un asunto por cuestión de materia, radica en la naturaleza del litigio que da origen al proceso.

 

(…).

 

En este contexto, a través del Acuerdo General 23/2015 del Pleno del entonces, Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los once Juzgados de distrito en el Estado de Puebla; a la conclusión de funciones del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, y su transformación en Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal del Estado de Puebla; al inicio de funciones, denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio del Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales de la entidad en mención, y a la creación y cambio de denominación de las respectivas oficinas de correspondencia común, publicado el veintinueve de mayo de dos mil quince, en el Diario Oficial de la federación, se modificó la competencia  de los juzgados federales mixtos en el Estado de Puebla, y se crearon órganos especializados en materia penal y de procesos penales federales.

 

Asimismo, fueron creados los Juzgados de distrito en Materia de Amparo civil, Administrativa y de trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, lo que, de conformidad con lo establecido en el mencionado acuerdo, con relación al numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la federación, conocerán de los asuntos a que se refieren los artículos 57 a 61 de la indicada legislación.

 

Los indicados preceptos disponen:

 

“Articulo 49. Las y los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente Capitulo”.

 

“Articulo 57. Las y los jueces de distrito en materia administrativa conocerán:

 

I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de procedimiento seguido por autoridades administrativas;

 

II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del articulo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mimo orden;

 

III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 

IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del articulo 51 y III del articulo anterior en lo conducente;

 

V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio, y

 

VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

 

Articulo 58.  Las y los jueces de distrito civiles federales conocerán:

 

I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias solo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección de la persona actora, las y los jueces y tribunales del orden común de las entidades federativas;

 

II. de los juicios que afecten bienes de propiedad nacional;

 

III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o mas vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes este bajo la jurisdicción del juez;

 

IV. De los juicios civiles concernientes a las y los miembros del cuerpo diplomático y consular;

 

V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia federal;

 

VI. De las controversias ordinarias en que la federación fuere parte;

 

VII. De las acciones colectivas a que se refiere el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles;

 

VIII. De los asuntos de competencia de los juzgados de distrito en materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 51, 57 y 61 de esta ley, y

 

IX. De los juicios y procedimientos previstos en los términos de la ley Reglamentaria del artículo 6 Constitucional, en materia del derecho de réplica”

 

“Artículo 59.  Las y los jueces de distrito mercantiles federales conocerán:

 

I. De las controversias del orden mercantil cuando la persona actora no haya optado por iniciar la acción ante las o los jueces y tribunales del orden común conforme a los dispuesto por el articulo 104 fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estos casos no podrá declinarse la competencia en favor de dichos jueces o tribunales;

 

II. De las controversias en materia concursal;

 

III. De los juicios mercantiles en los que la Federación sea parte;

 

IV. De los juicios mercantiles que se susciten entre una entidad federativa y uno o mas vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes este bajo la jurisdicción de la persona juzgadora;

 

V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia mercantil cuyo valor exceda de una cantidad equivalente a un millón de Unidades de Inversión por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la solicitud;

 

VI. Del conocimiento y ejecución de laudos arbitrales comerciales cualquiera que sea el país en que haya sido dictado, y de la nulidad de laudos arbitrales comerciales nacionales o internacionales cuando el lugar del arbitraje se encuentra en territorio nacional, y

 

VII. De las acciones colectivas mercantiles a que se refiere el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles. “

 

 “Artículo 60. Las y los jueces de distrito de amparo en materia civil, conocerán:

 

I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del articulo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 

II. De los amparos que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

 

III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 26, 57 y 61 de esta Ley, y

 

IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Artículo 61. Las y los jueces de distrito en materia de trabajo, conocerán:

 

I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden;

 

II. De los jueces de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en término de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial;

 

IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio;

 

V. De las denuncias de incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y

 

VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

 

Ahora, del asunto en concreto, no se actualiza alguno de los supuestos a que aluden los numerales 57 a 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establecen las reglas para fijar la competencia de los juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla.

 

Para demostrar lo anterior, es necesario tener presente el estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama de la Fiscalía General de Justicia en el Estado de Puebla y de la Visitaduría General, Órgano Interno de Control, Especializada en Asuntos Internos en el Estado de Puebla, lo siguiente:

 

Lam omisión de informar el número de la carpeta de investigación y la Fiscalía que la tiene, mediante la cual se aseguró el inmueble de la sucesión intestamentaria de la cual es albacea definitiva de EDGARDO GGGG GGGG, para que comparezca a acreditar la propiedad y se retiren los sellos de aseguramiento.

 

Manifestando que un local del inmueble de dicha sucesión fue materia del cateo 00/CAI/TEZIUTLÁN y de la secuela procesal de la causa penal 00/2023/TEZIUTLÁN, ANTE EL Juez de Control de la Región Judicial Oriente con sede en Teziutlán, Puebla, a la cual no fue llamada para deslindar responsabilidades y acreditar la propiedad del inmueble.

 

En ese contexto, es posible concluir que tales actos encuentran sustento en normas de índole penal, ya que el articulo 56 fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece lo siguiente:

 

Artículo 56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal, conocerán:

 

I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra actos que, importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

Así es, del precepto transcrito se advierte que en atención a los actos reclamados y a las autoridades responsables, el conocimiento de la demanda de amparo es competencia de los Juzgados de distrito en Materia Penal, razón por la cual del presente asunto debe conocer un Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla.

 

Se estima lo anterior, porque de los antecedentes que la promovente preciso bajo protesta de decir verdad, se desprende que, pretende que se le proporcione el número de la carpeta de investigación y la Fiscalía que la tiene, mediante la cual se aseguró el inmueble de la sucesión intestamentaria de la cual es albacea definitiva de EDGARDO GGGG GGGG, para que comparezca a acreditar la propiedad y se retiren los sellos de aseguramiento.

 

En este contexto, resulta evidente que los actos reclamados por la parte quejosa derivan de una carpeta de investigación, por lo que se estima que tiene naturaleza intrínsecamente penal.

 

Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.51/2002, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVI, julio de 2002, pagina 94, Novena Época, que establece:

 

“ASEGURAMIENTO DE BIENES DENTRO DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. DEL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA EN SU CONTRA DEBE CONOCER UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL”. Si bien es cierto que el aseguramiento de bienes, en razón del órgano que lo emite, es un acto formalmente administrativo, pues el Ministerio Público es una autoridad que depende del Ejecutivo, también lo es que los actos que emite en la etapa de la averiguación previa, consistentes en el aseguramiento, conservación y retención de bienes relacionados con la investigación de un delito, tienen naturaleza intrínsecamente penal, efectuados en ejercicio de las facultades que le otorgan los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como titular exclusivo de la acción penal y encargado de aportar al juzgador las pruebas relacionadas con la acreditación de la existencia del delito y la responsabilidad del procesado, por lo que se concluye que sus actos, diligencias y resoluciones se rigen por las normas sustantivas y adjetivas penales. En consecuencia, el juicio de garantías que se promueva contra las referidas determinaciones, compete al Juez de Distrito en Materia Penal, pues con ello se respeta el principio de especialización que justifica la creación de tribunales especializados y, por ende, el artículo 17 de la Constitución Federal, en cuanto garantiza la expeditez en el fallo.

 

En tales condicione, este juzgado federal estima carecer de competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo promovido por ROSARIO SSSS MMMM, ostentándose como albacea definitiva de EDGARDO GGGG GGGG.

 

En consecuencia, en términos de lo dispuesto por el articulo 48 de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que al efecto se forme, se ordena remitir el presente juicio de amparo al Juzgado de distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, en turno, a quien se estima competencia para conocer del asunto, por los motivos y fundamentos apuntados con anterioridad; solicitándole el acuse de recibo correspondiente y, en su caso, informe si acepta o no la competencia planteada.

 

FÓRMESE CUADERNO DE ANTECEDENTES y hágase las anotaciones conducentes en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, así como en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

 

DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 27 fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa.

 

AUTORIZADO. Se tiene como autorizado en términos amplios del articulo 12 de la Ley de Amparo a VÍCTOR HUGO MIAZ SERRANO, por contar con registro de su cédula profesional en el “Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaria de Educación Publica del Gobierno de la República.

 

EXHORTO PARA SEGUIR EN JUICIO EN LÍNEA. Igualmente de conformidad con lo dispuesto ene la artículo 3 de la Ley de Amparo, así como en lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en el cual se establece el principio de impulso tecnológico , por lo cual se debe privilegia el desarrollo de las actividades jurisdiccionales a través de medios digitales, se exhorta a las partes para que, de ser posible, y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, manifiesten si es su deseo optar por la tramitación del presente asunto mediante el esquema de “juicio en línea”.

 

Para lo cual deberán cumplir con lo siguiente:

 

1. Solicitar su continuación en su modalidad “en línea”.

 

2. Proporcionar el usuario mediante el cual podrá acceder a la consulta del expediente electrónico.

 

3. Solicitar de manera expresa, la realización de las notificaciones por esta vía, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 fracción IV de la Ley de Amparo.

 

Lo anterior, a fin de que se encuentren en aptitud de presentar promociones y recursos en forma electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, disponible en la pagina http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicienlinea y en su caso, recibir las notificaciones que le correspondan.

 

USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, tal y como lo prevé el articulo 253 párrafo tercero[3] del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; en el entendido de que la información que se obtenga con la reproducción de las constancias, estará sujeta a los dispuesto en los artículos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

 

SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES.  Se faculta a los Actuarios Judiciales, a fin de que puedan practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este juicio de amparo.

 

DIGITALIZACIÓN. Procédase, en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental) a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido.

 

TRANSPARENCIA. Con fundamento en los artículos 112, 115, 120, 121 y 122 de la Ley General de Transparencia y acceso a la Información Pública, publicada en el Diario
Oficial de la federación el veinte de marzo de dos mil veinticinco, hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso, suprimirse la información que tenga carácter de reservada o confidencial.

 

INFORMACIÓN RESERVADA. En este sentido, hágase del conocimiento de las partes que de existir información considerada como reservada o confidencial, este Juzgado determinara si puede ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio, en términos de la jurisprudencia P./J.26/2015 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el once de septiembre de dos mil quince, en el Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, de rubro: “INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MAS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LA PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SUI DEFENSA”.

 

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y CÚMPLASE.

 

Así lo acordó y firma electrónicamente Jorge Arroyo Martínez, Juez Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, ante Jesús Geovani Rojas García, Secretario que también firma de manera electrónica para autorizar y dar fe. Doy fe.

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[1] En adelante SCJN

[2] Cabe precisar que tales consideraciones fueron retomadas y reiteradas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 81/2019, en sesión de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve.  

[3] Articulo 253. (Párrafo tercero). Adicionalmente y para dar cumplimiento a lo previsto en el articulo 3 párrafo sexto de la Ley de Amparo, podrán consultar su expediente haciendo uso de los dispositivos electrónicos disponibles para tal efecto.